Pocas preguntas del peronismo, cuarto intermedio para leer la DIA y acusaciones cruzadas: lo que dejó el encuentro clave por el acuerdo con Vicuña

El Gobierno de San Juan expuso este viernes ante la Cámara de Diputados los principales puntos del convenio alcanzado con la empresa Vicuña, que contempla un desembolso de USD 250 millones para la Provincia. El encuentro, que había generado expectativa por los cuestionamientos de la oposición en los días previos, terminó con un cuarto intermedio y una nueva reunión prevista para el martes, antes de la sesión especial del miércoles en la que se tratarán el acuerdo minero y el convenio con Nación por el traspaso de rutas nacionales.

A la reunión asistieron el vicegobernador y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín; el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.

Uno de los puntos que había generado mayor expectativa era la posición que tomaría el peronismo, que durante los días previos había cuestionado, entre otras cosas, la falta de acceso a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) vinculadas al proyecto. Sin embargo, al comienzo del encuentro hubo pocas consultas por parte de los legisladores de ese espacio.

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Desde el oficialismo remarcaron esa situación y señalaron que resultaba llamativo teniendo en cuenta los cuestionamientos planteados en la previa. Desde el peronismo, en cambio, la lectura fue diferente: consideraron que primero debía producirse la exposición del Gobierno y, posteriormente, abrirse la instancia de preguntas.

En medio del encuentro, el Gobierno informó que las DIA habían sido remitidas a la nube de la Cámara de Diputados para que los legisladores pudieran acceder a los documentos. A partir de eso, se acordó un cuarto intermedio y una nueva reunión para el martes, con el objetivo de que los diputados puedan leer el material con mayor profundidad y regresar con nuevas consultas antes de la sesión.

Uno de los legisladores peronistas que tomó la palabra fue Miguel Vega, representante de Jáchal. Su consulta estuvo vinculada a uno de los cambios centrales que contempla el convenio: la posibilidad de que los fondos de los fideicomisos vinculados a la actividad minera puedan utilizarse fuera de los departamentos directamente relacionados con los proyectos.

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La respuesta del oficialismo fue que mantener esa limitación impediría financiar obras consideradas estratégicas para la provincia. El ejemplo puesto sobre la mesa fue el de las rutas. Según explicó Gustavo Fernández, si los recursos quedaran restringidos exclusivamente a los departamentos de influencia minera, la Provincia no podría utilizarlos para intervenir sectores de rutas que se encuentran fuera de esas jurisdicciones.

En ese punto aparece otro de los proyectos que Diputados tiene previsto tratar el miércoles: el convenio con Nación para que San Juan se haga cargo de distintas rutas nacionales. De acuerdo con lo firmado con Vialidad Nacional, la Provincia asumirá el financiamiento, conservación, mejoramiento, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

La discusión adquiere especial relevancia porque una de las obras anunciadas por la gestión de Marcelo Orrego es la intervención de la Ruta 40 Norte, una vía considerada estratégica para el acceso a Jáchal y el desarrollo productivo del norte sanjuanino.

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Otro de los planteos llegó desde La Libertad Avanza. El diputado Fernando Patinella pidió explicaciones sobre el impacto que tendría el esquema de infraestructura financiado con fondos mineros sobre el resto de las actividades productivas de San Juan.

Fernández respondió que las obras viales no benefician únicamente a la minería. Según explicó, mejorar las rutas permite reducir los costos logísticos y facilitar el acceso de los distintos sectores productivos a otros mercados. El argumento del Gobierno fue que la infraestructura financiada con recursos provenientes de la minería puede tener un impacto transversal sobre la economía provincial.

Al finalizar el encuentro, los legisladores peronistas optaron por no hacer declaraciones públicas. En el oficialismo, mientras tanto, interpretaron el escenario como una situación incómoda para algunos diputados opositores: entienden que votar contra el convenio podría significar, en determinados casos, rechazar obras que esos mismos legisladores vienen reclamando.

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El caso que aparece como ejemplo es el de Vega. El diputado de Jáchal ha reclamado en reiteradas oportunidades la pavimentación y mejora de la Ruta 40, una de las principales vías de acceso al departamento. El oficialismo considera que, con el nuevo esquema de financiamiento, esa obra podría ser atendida con recursos provenientes del acuerdo minero.

De todos modos, en el peronismo existen legisladores que podrían despegarse de la posición mayoritaria del bloque y acompañar el convenio. Entre los nombres que circulan aparecen Eduardo Cabello, Jorge Castañeda, Leopoldo Soler, Gabriel Sánchez, Pedro Albagli y Franco Aranda. En el caso de Cabello, uno de los argumentos que podría pesar es la posibilidad de que la reactivación de obras genere más de 4.000 puestos de trabajo.

Todo, sin embargo, quedará supeditado a las próximas horas. Los diputados tendrán acceso a la documentación de las DIA y volverán a reunirse el martes, mientras que el miércoles llegará el momento de la votación de los dos convenios.

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Uno de los cuestionamientos que circula entre dirigentes y legisladores del peronismo, aunque no fue planteado abiertamente durante el encuentro con el Gobierno, es que San Juan podría obtener una suma mayor si no avanzara con el acuerdo en los términos actuales.

Fernández respondió a ese planteo con una comparación histórica de los convenios mineros firmados anteriormente por la Provincia. Su argumento fue que el aporte de USD 250 millones previsto por Vicuña no tiene antecedentes en cuanto a monto y condiciones de pago.

El ministro puso como primer ejemplo a Veladero. Según explicó, el proyecto comenzó a producir en 2005 y recién en 2011 se acordó con la Provincia un aporte para infraestructura a través de un fideicomiso. En ese momento, sostuvo, se pactó un desembolso de USD 5,6 millones, pagado en dos cuotas. Además, afirmó que Veladero no comenzó a realizar aportes del 1,5% hasta 2021.

También mencionó los antecedentes de Gualcamayo y Casposo. De acuerdo con su explicación, los convenios contemplaron un período inicial sin aportes y posteriormente comenzaron las contribuciones vinculadas a la facturación. Fernández señaló que, en esos casos, se estableció un esquema de 1% durante los primeros dos años y 1,5% desde el tercer año.

El tercer antecedente utilizado por el funcionario fue Pascua-Lama, al que definió como el caso más parecido al acuerdo actual por tratarse de una suma fija significativa. Según Fernández, en ese momento se había acordado un aporte de USD 70 millones, condicionado al avance de la construcción y distribuido en 20 cuotas anuales.

El proyecto, sin embargo, quedó paralizado y, de acuerdo con los números aportados por el ministro, de los USD 70 millones previstos se llegaron a cobrar solamente USD 17 millones.

La diferencia que marcó Fernández con Vicuña es que el nuevo convenio establece un aporte de USD 250 millones en una única cuota y sin quedar atado a que el proyecto llegue a la etapa principal de construcción o a la producción de la mina. "Que inicie o no inicie la fase principal de construcción, que inicie o no inicie la producción de la mina, la Provincia los cobra y no los tiene que devolver", fue el planteo del ministro durante el encuentro.

El funcionario también remarcó que actualmente Vicuña avanza con obras de infraestructura, como caminos, línea eléctrica y campamento, pero que la construcción de la mina propiamente dicha y de la instalación industrial todavía no comenzó.

Los diputados podrían volverse a encontrar el martes, con la documentación ambiental ya disponible. El miércoles, finalmente, deberán definir si San Juan avanza con el acuerdo que le permitiría acceder a los USD 250 millones y con el convenio que le transfiere el manejo de rutas nacionales estratégicas para la provincia.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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