Presupuesto 2027 y ajuste en discapacidad: qué quiere cambiar Nación y cómo podría afectar a una familia de Sa

El debate por el Presupuesto Nacional 2027 abri� un nuevo cap�tulo en la discusi�n por las pol�ticas destinadas a las personas con discapacidad.

Durante los �ltimos d�as hubo cuestionamientos de organizaciones, prestadores y sectores pol�ticos, mientras que el Gobierno nacional sostiene que busca ordenar el sistema, garantizar las prestaciones y darle sustentabilidad.

Pero entre declaraciones pol�ticas y t�rminos t�cnicos existe una pregunta mucho m�s sencilla: si el proyecto se aprobara tal como fue presentado, �qu� podr�a cambiar en la vida cotidiana de una familia de Santa Cruz?

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Uno de los puntos centrales aparece en las Pensiones No Contributivas. El proyecto propone establecer una Pensi�n No Contributiva por Invalidez Laboral equivalente al 70% del haber m�nimo jubilatorio.

Pero hay otro cambio particularmente importante. El esquema actualmente establecido por la Ley de Emergencia permite compatibilizar, bajo determinadas condiciones, la pensi�n con un trabajo formal.

El Presupuesto 2027 propone modificar esa regla y establecer que la pensi�n sea incompatible con un empleo formal o con la inscripci�n en el r�gimen general o simplificado.

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Traducido a una situaci�n cotidiana: una persona que percibe esta pensi�n y consigue un empleo registrado podr�a dejar de cumplir las condiciones para mantener simult�neamente el beneficio.

Ese punto es uno de los que gener� cuestionamientos porque organizaciones del sector consideran que podr�a convertirse en un obst�culo para la inserci�n laboral de personas con discapacidad.

Hay otra modificaci�n importante. El proyecto cambia el r�gimen surgido de la Ley de Emergencia y vuelve a poner el eje de la pensi�n en la invalidez laboral, estableciendo requisitos que deber�n ser definidos mediante reglamentaci�n.

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Esto obliga a diferenciar dos cuestiones que muchas veces se confunden.

El Certificado �nico de Discapacidad (CUD) acredita una discapacidad y permite acceder a determinados derechos y prestaciones.

La pensi�n, en cambio, es una prestaci�n econ�mica. El proyecto modifica las condiciones de acceso a esta �ltima. Por eso, tener CUD no implicar�a por s� solo acceder autom�ticamente a una pensi�n bajo el esquema propuesto.

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Para una familia que necesita psicolog�a, fonoaudiolog�a, terapia ocupacional, acompa�amiento terap�utico, rehabilitaci�n, transporte o un centro especializado, existe otro punto posiblemente todav�a m�s importante.

Actualmente existe un Nomenclador de Prestaciones B�sicas para Personas con Discapacidad.

Dicho de manera sencilla, funciona como una referencia nacional que establece valores para las prestaciones del sistema.

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La Ley de Emergencia reforz� el criterio de valores universales y estableci� un mecanismo de actualizaci�n relacionado con la inflaci�n. El proyecto de Presupuesto 2027 propone cambiar ese sistema.

La propuesta elimina el car�cter universal de los valores del nomenclador.

En lugar de existir un mismo valor obligatorio para todos los financiadores, los precios podr�an determinarse en la relaci�n entre quienes deben cubrir las prestaciones y los prestadores.

Cuando el responsable sea directamente el Estado nacional, los aranceles ser�an determinados trimestralmente por la Secretar�a Nacional de Discapacidad. Si esa actualizaci�n no se realizara en el plazo establecido, el Ministerio de Salud tendr�a que fijarlos tomando como referencia la inflaci�n medida por el INDEC.

El proyecto mantiene, de todos modos, la obligaci�n de garantizar un piso m�nimo de prestaciones.

Por eso hay una diferencia importante: el Presupuesto no dice que desaparezcan las terapias ni que las obras sociales puedan directamente dejar de cubrir la discapacidad.

Lo que cambia es el sistema mediante el cual se determina cu�nto se paga por esas prestaciones.

Supongamos que un ni�o de R�o Gallegos necesita regularmente fonoaudiolog�a, psicolog�a y terapia ocupacional.

Hoy existe un nomenclador nacional que funciona como referencia com�n para determinar los valores de esas prestaciones.

Con el esquema propuesto para 2027, ese valor dejar�a de ser universal.

All� aparece la preocupaci�n de organizaciones y prestadores: sostienen que podr�an generarse diferencias seg�n qui�n tenga que financiar el tratamiento y que un prestador podr�a no aceptar determinado valor.

El Gobierno nacional, por su parte, viene defendiendo la necesidad de ordenar el sistema de discapacidad, revisar las pensiones otorgadas irregularmente y garantizar su sostenibilidad. A comienzos de septiembre, el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, afirm� ante el Congreso que la prioridad oficial es garantizar las prestaciones y actualizar el nomenclador dentro de un sistema que calific� como transparente y sostenible.

La distancia agrega una particularidad. En Santa Cruz existen localidades donde la oferta de determinados profesionales y centros especializados es mucho menor que en los grandes centros urbanos.

Por eso, cualquier modificaci�n en la relaci�n econ�mica entre obras sociales, Estado y prestadores puede tener una incidencia diferente dependiendo de la localidad.

Eso no significa que el proyecto vaya necesariamente a dejar a una persona sin tratamiento. Hoy no puede afirmarse eso.

S� significa que cambiar�an las reglas utilizadas para establecer los valores que reciben los prestadores, y ese es uno de los puntos que deber� discutirse en el Congreso.

No. Este punto es fundamental. Nada de esto entra autom�ticamente en vigencia porque el Gobierno haya presentado el Presupuesto 2027.

Se trata de un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que ahora debe ser tratado por diputados y senadores.

Los art�culos pueden ser aprobados tal como fueron redactados, modificados durante la discusi�n parlamentaria o rechazados.

Por eso, una familia que actualmente recibe prestaciones no deber�a interpretar la presentaci�n del Presupuesto como una suspensi�n inmediata de su cobertura o de su pensi�n.

La expresi�n utilizada durante estos d�as surge principalmente de las modificaciones que el proyecto propone sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Las organizaciones que cuestionan la iniciativa sostienen que eliminar la actualizaci�n autom�tica y los valores universales puede deteriorar el financiamiento de los prestadores y generar diferencias en el acceso.

Tambi�n cuestionan volver a hacer incompatible la pensi�n con el empleo formal.

El Gobierno nacional presenta otra interpretaci�n: sostiene que viene trabajando en el ordenamiento de las pensiones, la actualizaci�n del nomenclador y la sostenibilidad del sistema, adem�s de se�alar irregularidades detectadas mediante las auditor�as.

El Presupuesto, adem�s, no elimina todo el gasto destinado a discapacidad. Para 2027 contempla, entre otras partidas, recursos para Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y atenci�n m�dica de sus beneficiarios.

Por eso, m�s que interpretar el proyecto como la desaparici�n de la asistencia a la discapacidad, la discusi�n central est� en las reglas que Naci�n propone cambiar para acceder a las pensiones y para financiar las prestaciones.

Y all� est� el verdadero impacto que deber�n seguir de cerca las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de Santa Cruz mientras el Presupuesto 2027 avance en el Congreso.

Fuente: Diario Nuevo Día

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