Productores respaldaron a los directores que frenaron cambios en el INYM y llamaron a "defender la institución"

Cinco organizaciones vinculadas a la producción primaria de yerba mate expresaron públicamente su respaldo a los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que la semana pasada frenaron el tratamiento de una serie de medidas impulsadas dentro del organismo, entre ellas designaciones en cargos estratégicos, la eventual venta de inmuebles y una propuesta vinculada con nuevos destinos para el palo descartado durante la elaboración.

El pronunciamiento introduce un nuevo elemento en la disputa interna que atraviesa al Instituto, porque traslada al sector productivo el alineamiento que comenzó a configurarse dentro del Directorio durante la reunión del 27 de agosto.

El documento fue firmado por referentes de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay, la Asociación Civil Impulso Yerbatero y el Movimiento Agrario de Misiones.

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Las entidades respaldaron particularmente a Ricardo Maciel, representante del Gobierno de Misiones; Ramón Sorondo, por los trabajadores rurales; Roberto Ferreyra, por la producción; y Gerardo Vallejos y Elián Genski, por las cooperativas, quienes en la última reunión coincidieron en bloquear el avance de los puntos más controvertidos.

PRIMERA EDICIÓN informó entonces que la discusión por las designaciones terminó cuando ese grupo de directores se retiró de la reunión, dejando al cuerpo sin el quórum necesario. Como consecuencia, tampoco avanzaron el proyecto referido al palo de descarte ni las definiciones respecto de los inmuebles pertenecientes al Instituto.

Las organizaciones interpretaron esa actuación como una defensa del patrimonio y de la institucionalidad del INYM y convocaron a los demás integrantes del Directorio a adoptar una posición similar.

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Según expresaron, consideran que "defender la integridad del INYM desde adentro" debe convertirse en el camino a profundizar, especialmente entre quienes representan a los sectores más vulnerables de la cadena.

El comunicado también profundizó las críticas contra el presidente del organismo, Rodrigo Correa, cuya conducción viene siendo cuestionada desde distintos sectores de la producción. Las entidades vincularon la situación actual con el proceso iniciado tras el DNU 70/2023, que eliminó la facultad del Instituto para fijar precios mínimos para la materia prima y redujo significativamente sus atribuciones regulatorias.

A partir de allí, sostuvieron que el deterioro institucional continuó mediante la reducción de áreas técnicas, fiscalización y registros, el despido de 21 trabajadores y la paralización de programas de asistencia, planteos que ya habían aparecido en anteriores reclamos contra la conducción del organismo.

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Uno de los puntos que más inquietud generó durante las últimas semanas fueron las designaciones para la Gerencia General, Auditoría Interna y Fiscalizador Móvil-Inspector. El procedimiento de selección había sido cuestionado formalmente por el representante del Gobierno misionero, quien planteó reparos sobre el mecanismo utilizado antes de que los nombramientos llegaran al Directorio.

El segundo frente de conflicto fue la posibilidad de avanzar con la tasación y eventual venta de dos inmuebles del INYM, entre ellos un terreno adquirido en Villa Lanús para construir una sede propia. Finalmente, la discusión quedó sin resolución y el único avance estuvo relacionado con la necesidad de cerrar perimetralmente uno de los predios.

El tercer punto fue la propuesta para otorgar nuevos destinos al palo descartado durante el proceso industrial. El proyecto contemplaba usos vinculados con biocarbón, biomasa combustible o compost, aunque dentro del sector surgieron reparos acerca de los controles necesarios para evitar que ese material pudiera volver irregularmente al circuito de elaboración de yerba mate.

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Las asociaciones firmantes del nuevo documento dieron una interpretación todavía más crítica y sostuvieron que cualquier modificación en ese sentido debe garantizar que no se deteriore la calidad del producto.

En ese marco, el pronunciamiento busca consolidar el frente que quedó expuesto en la reunión del 27 de agosto y ejercer presión sobre los directores que todavía no fijaron una posición definitiva frente a las iniciativas impulsadas desde la conducción.

Para las organizaciones, la discusión excede las decisiones administrativas puntuales y se relaciona con qué rol tendrá el INYM en una actividad que lleva casi tres años atravesada por la desregulación, la caída del precio de la materia prima y la pérdida de herramientas de intervención.

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Su convocatoria final apunta precisamente a ese aspecto: sostienen que la defensa del Instituto debe convertirse en un compromiso colectivo de toda la cadena, al considerar que fue una herramienta decisiva para el desarrollo alcanzado por el sector durante las últimas dos décadas.

Fuente: Primera Edición

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