Se reavivó el conflicto limítrofe entre San Juan y La Rioja por áreas clave para la minería y el turismo

La Legislatura riojana declaró nula una ley de 1968 que favorecía a la provincia vecina y recurrirá a la Corte Suprema. El Gobierno sanjuanino rechazó la medida.

Un histórico conflicto limítrofe entre las provincias de San Juan y La Rioja volvió a encenderse en los últimos días, impulsado por una disputa de intereses económicos que involucra la explotación de recursos turísticos internacionales y millonarias inversiones mineras en alta montaña.

La escalada se originó luego de que la Cámara de Diputados de La Rioja aprobara un proyecto de ley que declara la nulidad absoluta de la Ley Nacional N.º 18.004. Dicha norma, sancionada en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, fijaba una delimitación territorial que favorece la postura de San Juan. Las autoridades riojanas argumentan que aquel trazado se realizó de manera unilateral, sin la debida intervención del Congreso de la Nación y en directo perjuicio de su geografía provincial.

La nueva legislación de La Rioja dispuso la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, e instruyó a su Fiscalía de Estado a iniciar acciones legales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El objetivo de la vecina provincia es solicitar medidas cautelares urgentes que frenen cualquier actividad o explotación en las zonas en disputa hasta que el máximo tribunal resuelva el fondo de la cuestión.

Por su parte, el Poder Ejecutivo de San Juan rechazó tajantemente la validez de la normativa riojana, afirmando que sus límites geográficos están plenamente consolidados. Desde el Gobierno sanjuanino remarcaron que las fronteras entre provincias no pueden modificarse de forma unilateral mediante leyes locales, ya que cualquier alteración de los territorios requiere por mandato constitucional la intervención del Congreso de la Nación. Ante esto, San Juan convocó a los diferentes sectores políticos para coordinar la estrategia jurídica de defensa y asegurar el control de las áreas cuestionadas.

La zona en conflicto posee una relevancia estratégica sustancial y se extiende desde el Cerro El Potro hasta la región del Valle de la Luna. Por un lado, el reclamo de La Rioja comprende sectores cercanos al Parque Provincial Ischigualasto, un territorio actualmente administrado por San Juan que ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad y atrae a miles de turistas extranjeros. Por el otro, la traza pretendida alcanza al yacimiento minero en producción Gualcamayo y a las áreas de influencia del Proyecto Vicuña, un megadesarrollo de cobre y oro en la cordillera que representa inversiones multimillonarias para la economía sanjuanina.

Al tratarse de un diferendo de competencias entre dos estados provinciales, el desenlace de la frontera común y el destino de los recursos económicos quedarán atados a los acuerdos políticos que puedan alcanzarse en el Congreso de la Nación o, en última instancia, al fallo definitivo que dicte la Corte Suprema.

Fuente: El Esquiú

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