Vicuña y los U$S 250 millones: las respuestas oficiales a lo que cuestiona el PJ del acuerdo

El acuerdo entre San Juan y la minera Vicuña, que contempla un aporte anticipado de U$S 250 millones para obras sumo este viernes un nuevo capítulo en la Cámara de Diputados donde una avanzada de ministros llego a explicarles a los diputados por qué aceptarlo es bueno para la provincia. La explicación apunta a los bloques opositores del peronismo que plantearon objeciones sobre el alcance del acuerdo.

La oposición puso bajo la lupa el alcance del convenio a nuevos depósitos de mineral, obas ambientales y la imposibilidad de pedir nuevos aportes. Fuentes oficiales consultadas por Tiempo de San Juan sostienen que las críticas parten, en algunos casos, de una interpretación diferente sobre qué cambia efectivamente con el convenio.

El argumento central es que la Provincia no resignaría recursos ni facultades de control, sino que cambiaría la modalidad de cumplimiento de determinadas obligaciones y, en paralelo, aseguraría recursos que de otro modo quedarían sujetos a una disputa administrativa y judicial.

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Obras hidráulicas, forestación y proyectos comunitarios

Uno de los principales cuestionamientos del peronismo apunta a que determinadas obligaciones de la minera incluidas en la Declaración de Impacto Ambiental -entre ellas obras hidráulicas, proyectos comunitarios y forestación- dejarían de ser ejecutadas directamente por Vicuña y pasarían a realizarse a través del fideicomiso constituido con el aporte de la empresa.

Pero desde el oficialismo dijeron que la Provincia no asumirá el costo de esas obras. Según explicaron fuentes oficiales, la totalidad de los recursos seguiría siendo aportada por Vicuña, mientras que lo que cambia es quién define cómo se utilizan. En lugar de que la empresa ejecute directamente esas acciones, el esquema permitiría que el Estado provincial las planifique, licite, ejecute y controle mediante el Fideicomiso Aporte DIA.

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Además, dicen que las obligaciones establecidas en la DIA son "de cumplimiento futuro", se podían exigir según la conducta de la empresa y hasta podrían ser recurridas administrativamente como "créditos eventuales y litigiosos".

Con el acuerdo, en cambio, la Provincia tendría asegurado un aporte de U$S 250 millones, disponible desde el 20 de diciembre y que esto no implica una liberación de las obligaciones ambientales. Además, señalan que las obras deberán realizarse mediante licitación pública y que el fideicomiso será constituido y controlado por la Provincia, sin participación de Vicuña en su gobierno o administración. También contempla auditorías externas y el control del Tribunal de Cuentas.

El agua y el abastecimiento

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Un sector opositor había cuestionado este punto que no se había conocido hasta ahora. Frente a las dudas sobre las obras hidráulicas, la explicación oficial pone el foco en la diferencia entre el agua que utilizará la mina y la infraestructura hídrica provincial.

Según el Gobierno, Vicuña proyecta abastecerse con agua proveniente del Océano Pacífico y deberá afrontar el costo y la infraestructura necesaria para ese abastecimiento.  En cambio, los fondos del fideicomiso destinados a obras hídricas en Iglesia y Jáchal buscan mejorar las redes provinciales en esos departamentos. "Los recursos aportados por Vicuña no se utilizarían para llevar agua a la mina, sino para obras que quedarían incorporadas al patrimonio provincial", indicaron las fuentes.

Los nuevos depósitos de mineral

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El PJ también cuestiona que el régimen acordado también aplicará a futuros depósitos minerales ubicados dentro de un radio de 75 kilómetros de Josemaría siempre que sean integrados al Proyecto Vicuña.

La respuesta oficial plantea exactamente lo contrario: que el radio de 75 kilómetros amplía la base de captura económica de la Provincia porque se le podrán cobrar regalías sobre el valor bruto de comercialización (y no a boca de mina como es en todo el país, deducidos los costos de producción), además del 1,5% de aportes al fideicomiso DIA, desde el sexto año de la primera producción y comercialización.

El oficialismo remarca que la DIA aprobada para Josemaría (la primera parte de Vicuña) se encuentra alcanzada por el tope del 3% de regalías establecido por la Ley de Inversiones Mineras. Por eso dicen que los depósitos que se incorporen al Proyecto Único no serían considerados proyectos nuevos a esos efectos.

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El uso de los fondos

Otro de los puntos cuestionados por el PJ es la cesión fiduciaria irrevocable de los créditos correspondientes a los aportes futuros. La respuesta oficial es que la Provincia no estaría entregando esos recursos a un tercero, sino transfiriéndolos a un fideicomiso constituido, organizado y controlado por la propia Provincia. En ese esquema, Vicuña, no puede administrar ni controlar el futuro fideicomiso. La irrevocabilidad, por lo tanto, es presentada por el Gobierno no como una pérdida de recursos sino como una garantía de afectación específica: los fondos deberán destinarse a las obras previstas y no podrán derivarse a Rentas Generales ni a otros fines.

¿San Juan podrá exigir nuevos aportes?

Otra objeción planteada por el peronismo -y también cuestionada desde otros sectores- es que el convenio limitaría la posibilidad de exigir a Vicuña nuevos aportes económicos a partir de futuras actualizaciones o nuevas Declaraciones de Impacto Ambiental.

La provincia sostiene que no podrá hacerlo porque los aportes del 1,5% sobre la facturación son una "prestación patrimonial de carácter coactivo" y su imposición requiere una base legal. Ese fue el argumento que planteo precisamente Vicuña tiempo atrás para rechazar esa imposición, que ahora aceptaría si se refrenda el acuerdo integral.

La minería del oro en San Juan - Veladero, Gualcamayo, Casposo y Pascua-Lama- hicieron esos aportes mediante acuerdos ratificados por ley.

La otra llave: la estabilidad fiscal y el RIGI

Hay un argumento oficial sobre los futuros aportes. El Gobierno sostiene que la cláusula que limita nuevas contribuciones obligatorias no crea una restricción que antes no existía. Según esta interpretación, la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras y la estabilidad normativa del RIGI, al que Vicuña adhirió, ya imponían límites a la posibilidad de incrementar la carga económica del proyecto mediante nuevas exacciones.

Por eso, desde la Provincia sostienen que el acuerdo no estaría resignando una facultad efectiva que San Juan pudiera ejercer libremente, sino reconociendo una situación jurídica existente y a cambio obtiene la consolidación del esquema de aportes y el desistimiento de los recursos de Vicuña contra los puntos económicos de la DIA.

Qué pasa si la Legislatura rechaza el acuerdo

*En materia de regalías, la explicación oficial sostiene que San Juan cobraría menos. Sin el acuerdo, regiría el esquema legal del 3% sobre el valor "boca mina", con las deducciones correspondientes. Con el convenio, en cambio, el 3% se calcularía sobre el valor bruto de comercialización, sin esas deducciones.

*Aporte del 1,5%: el oficialismo dice que si el acuerdo fuera rechazado, ese aporte quedaría sujeto al resultado de los recursos administrativos y eventualmente judiciales presentados por la empresa. Incluso en el escenario más favorable para San Juan -que la Provincia ganara el litigio-, el cobro comenzaría recién con la producción y comercialización y quedaría sujeto a una discusión sobre la base de cálculo. O sea, si gana la provincia el juicio recibirá menos plata que lo que garantiza el acuerdo, y una derrota implica directamente que no se percibirá.

Con estos argumentos, el Gobierno busca responder a las objeciones que surgieron en torno al Acta Compromiso y defender que el acuerdo no supone una cesión de facultades provinciales.

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Fuente: Tiempo de San Juan

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