Caen las ventas y crece la preocupación por nuevos cierres en Posadas

El cierre de Batistella, una de las zapaterías de más trayectoria en Posadas, volvió a encender las alarmas sobre la situación del comercio local. Aunque desde el Centro de Empleados de Comercio aclararon que todavía no recibieron una comunicación oficial sobre el caso particular, advirtieron que el escenario que atraviesa el sector podría derivar en nuevos cierres si la caída del consumo se mantiene.

Para el secretario adjunto del gremio, Agustín Gómez, el caso se inscribe en un contexto más amplio de dificultades que alcanza a distintos rubros, pero que golpea especialmente a las pequeñas y medianas empresas. En diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones, señaló que son los comercios chicos los que concentran actualmente los mayores problemas de despidos, reducción de personal, informalidad laboral y cierre de establecimientos.

Según explicó, muchas firmas intentan resistir inicialmente utilizando ahorros o recurriendo a créditos para cubrir sus costos y mantener abiertas las puertas. Sin embargo, cuando esas alternativas se agotan y las ventas no se recuperan, algunas terminan tomando la decisión de cerrar.

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La caída del poder adquisitivo, el incremento de los alquileres y servicios y las asimetrías con Paraguay y Brasil conforman, según el diagnóstico del gremio, un escenario que sigue debilitando al comercio posadeño. Gómez sostuvo que la falta de consumo es hoy el problema central y advirtió que los eventos y promociones impulsados para incentivar las ventas no alcanzan por sí solos para sostener la actividad en el tiempo.

La situación alcanza prácticamente a todos los rubros, aunque desde el CEC observan diferencias según el tamaño de las empresas. Gómez indicó que mayoristas y supermercados registran caídas de ventas que rondan el 30%, pero explicó que, por su estructura, algunos de esos establecimientos todavía tienen mayor capacidad para absorber el impacto sin recurrir inmediatamente a reducciones de personal.

Incluso manifestó preocupación porque la retracción haya alcanzado rubros esenciales como alimentos y medicamentos, lo que interpretó como una señal de las dificultades que atraviesan las familias para sostener sus consumos habituales.

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El escenario más delicado, según planteó, se observa en las PyMEs y los comercios chicos, especialmente aquellos que tienen entre diez y 50 trabajadores y cuya actividad depende directamente de las ventas diarias.

A esa dependencia del consumo se suma el costo de los alquileres, debido a que una parte importante de estos establecimientos funciona en locales arrendados. Gómez cuestionó en ese sentido los efectos de la desregulación de la Ley de Alquileres y consideró que el cambio eliminó condiciones que anteriormente contribuían a equilibrar la relación entre las partes.

Es en ese segmento, aseguró, donde el sindicato observa con mayor frecuencia cierres, reducción de planteles e informalidad laboral.

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Según describió, algunos establecimientos optan por achicar su cantidad de trabajadores, mientras que en otros casos se producen situaciones en las que empleados registrados pasan a condiciones informales. También mencionó dificultades relacionadas con el pago de salarios.

Consultado específicamente por la situación de Batistella, Gómez aclaró que el sindicato todavía no había recibido una comunicación oficial y que la información también los tomó por sorpresa. No obstante, consideró que el caso refleja un problema más amplio que atraviesa al sector comercial.

Explicó que muchos establecimientos intentan resistir inicialmente mediante créditos o utilizando sus propios ahorros para cubrir los gastos y mantener abiertos los negocios. Esa situación adquiere, además, una dimensión particular en emprendimientos de carácter familiar, donde existe una relación de muchos años entre propietarios y trabajadores.

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El problema aparece cuando esos recursos se agotan. Según Gómez, algunos comerciantes llegan al cierre después de consumir sus ahorros y recurrir a las alternativas disponibles para intentar sostener la actividad. Por eso, advirtió que podrían aparecer nuevos casos similares al de la tradicional zapatería si el consumo no muestra una recuperación.

También señaló que, si bien en Posadas se realizan diferentes eventos destinados a incentivar las ventas, esas acciones puntuales no alcanzan para revertir de manera sostenida el deterioro del consumo.

A las dificultades internas, el representante mercantil sumó el impacto de las asimetrías con Paraguay y Brasil, que volvieron a adquirir protagonismo para el comercio misionero. Gómez sostuvo que el actual escenario cambiario genera diferencias de precios que llevan a muchos consumidores a realizar compras en los países vecinos para proteger su poder adquisitivo.

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Como ejemplo mencionó las extensas filas registradas durante el último feriado para cruzar hacia Paraguay, con esperas que, según señaló, llegaron a aproximadamente cuatro horas. Agregó que una situación similar puede observarse en Puerto Iguazú con los cruces hacia Brasil y en otras localidades fronterizas.

Desde la perspectiva del gremio, ese movimiento significa que una parte del consumo de las familias misioneras termina realizándose fuera de la provincia, profundizando la caída de las ventas del comercio local.

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la pérdida de puestos laborales. Ante la consulta por los más de 12.000 empleos perdidos mencionados recientemente en estadísticas provinciales, Gómez no aportó una cifra específica correspondiente a Misiones, pero sostuvo que el comercio suele tener un peso considerable dentro de los números generales debido a la cantidad de empresas y trabajadores que concentra.

Como referencia, mencionó estimaciones nacionales según las cuales desde noviembre de 2023 hasta julio de este año se habrían perdido alrededor de 400.000 puestos de trabajo y cerrado unas 33.000 firmas.

A partir de la participación histórica de la actividad dentro del empleo, estimó que alrededor del 30% de los números generales puede corresponder al sector comercial, aunque presentó ese porcentaje como una referencia utilizada por el gremio y no como un dato estadístico específico sobre los puestos perdidos en Misiones.

Gómez también se refirió a la situación de las grandes superficies comerciales. Señaló que existen mayoristas que continúan sosteniendo sus planteles pese a la caída de ventas, mientras otros avanzaron con desvinculaciones. También mencionó como antecedente el caso del Hipermercado Libertad, que decidió cerrar y vender su operación.

La crisis del sector también repercute en el cumplimiento de los acuerdos salariales. El secretario adjunto del CEC explicó que Comercio acordó recientemente incrementos del 1,9% mensual durante tres meses y sostuvo que ese porcentaje estuvo condicionado por los límites establecidos por el Gobierno nacional para la homologación de las paritarias.

Según indicó, el sector pretendía actualizaciones mayores, pero aseguró que desde la Nación no se permitían incrementos superiores al 2% para homologar los acuerdos. Aun con esos porcentajes, reconoció que existen dificultades para cumplir con las recomposiciones salariales, particularmente entre las PyMEs más afectadas por la caída de las ventas.

Gómez señaló que tanto trabajadores como representantes sindicales conocen las dificultades que atraviesan algunos establecimientos y aseguró que el gremio procura recurrir al diálogo para resolver esas situaciones sin desconocer los derechos salariales.

Para el dirigente mercantil, una recuperación sostenida del comercio requiere medidas dirigidas principalmente a mejorar la capacidad de compra de trabajadores, jubilados y familias. Entre las alternativas mencionó recuperar subsidios para combustibles, transporte público y servicios, además de permitir mayores incrementos salariales.

También puso el foco sobre los jubilados, a quienes definió como otro sector consumidor afectado por la pérdida de ingresos disponibles.

Gómez relativizó que una eventual reducción de precios o costos sea suficiente por sí sola para revertir el escenario. Desde su perspectiva, el principal problema reside en que los trabajadores enfrentan gastos mensuales elevados y no disponen de ingresos suficientes para llegar a fin de mes y mantener sus niveles de consumo.

La retracción, agregó, genera una cadena que termina alcanzando también al Estado: si los comercios venden menos, tienen mayores dificultades para afrontar impuestos y, en consecuencia, cae la recaudación de los distintos niveles de gobierno.

Por eso, consideró que cualquier estrategia destinada a recuperar la actividad comercial debería comenzar por recomponer la capacidad de consumo de asalariados y familias, como condición necesaria para volver a movilizar las ventas.

Fuente: Primera Edición

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