Enriquecimiento ilícito: la defensa de la intendenta Raquel Graneros rechaza la denuncia de la oposición y

La defensa técnica de la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, rechazó de manera categórica la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito promovida en su contra por referentes de la oposición. La abogada defensora, Paula Soria Morales, aseguró que la jefa municipal no posee la titularidad de la vivienda ubicada en el exclusivo country Las Yungas, en Yerba Buena, valuada por los denunciantes en 1,2 millones de dólares. Asimismo, remarcó que la funcionaria no se encuentra imputada y que desde el inicio de las actuaciones preliminares se puso a disposición del fiscal Diego Sebastián Hevia, a cargo de la investigación.

Se trata de la primera declaración pública de la defensa desde que se inició el expediente judicial, hace aproximadamente un mes, a raíz de una presentación realizada por el legislador Manuel Courel y el concejal Luis Escobar, con el patrocinio del exedil Luis Díaz Augier. Soria Morales calificó la presentación como «una vergüenza sin sustento legal» y denunció que la intendenta es objeto de una campaña de hostigamiento y «violencia» motivada por intereses político-electorales.

La abogada apuntó contra el legislador Courel, acusándolo de no respetar la división de poderes y de actuar de forma «persecutoria». «Invito al legislador a que deje trabajar a la Justicia y que deje de perseguir a la intendenta como si fuera fiscal», manifestó la letrada, quien además anticipó que impulsará acciones legales por calumnias e injurias si la investigación ratifica la inocencia de Graneros.

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Respecto de las pruebas incorporadas a la causa, Soria Morales restó valor a los elementos presentados por los denunciantes, señalando que la única documentación aportada es una copia no autenticada de una liquidación de expensas.

«Si fuera verdad que compró esa casa, ¿por qué no presentan los documentos que dicen tener? No han presentado nada. La intendenta no compró esa propiedad y su domicilio real está en Graneros», enfatizó la abogada, asegurando que los informes oficiales requeridos por la fiscalía respaldan la postura de su defendida.

Por otro lado, la defensora vinculó esta denuncia con antecedentes de conflictividad política y social en el municipio, recordando la causa judicial en la que diez mujeres resultaron procesadas por proferir amenazas contra la intendenta y su madre, la legisladora Alejandra Cejas.

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En la vereda opuesta, el legislador Manuel Courel ratificó los términos de la denuncia y cuestionó públicamente la supuesta lentitud con la que avanza la Fiscalía de Concepción. Según el parlamentario, tras un mes de trámite, las respuestas de la administración del country Las Yungas ante los oficios judiciales resultaron «muy vagas», motivo por el cual solicitó que se evalúe un allanamiento en caso de persistir la reticencia informativa.

Asimismo, Courel detalló que se requirieron informes comerciales e impositivos a prestatarias de servicios esenciales como la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), EDET y Naturgy para determinar fehacientemente quién figura como titular de los consumos del inmueble de Yerba Buena.

El legislador opositor comparó críticamente la velocidad de este expediente con la celeridad con la que se resolvió la causa por amenazas contra las vecinas de Graneros que reclamaban por las inundaciones. Por último, Courel deslizó la existencia de versiones sobre otra supuesta adquisición inmobiliaria de la jefa comunal en Tafí del Valle por un valor de 600.000 dólares, aunque aclaró que este dato aún no pudo ser corroborado formalmente.

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La denuncia original sostiene que Raquel Graneros habría adquirido los lotes 70 y 71 del sector 12 del country Las Yungas mediante un pago en efectivo superior al millón de dólares. Para los denunciantes, la operación resulta sospechosa dado que la única actividad de ingresos registrada de la funcionaria es su desempeño en la función pública.

El escrito de la acusación también involucra al secretario de Hacienda del municipio de Graneros, Ariel Mendelek, bajo la sospecha de haber transportado físicamente parte del dinero utilizado en la transacción inmobiliaria hacia una sucursal bancaria. Como principal indicio, la oposición adjuntó las expensas del barrio privado correspondientes al mes de junio, donde figura el nombre completo de la intendenta asociado a cánones mensuales de $570.090 y $566.690 por las parcelas unificadas. La investigación penal continúa bajo la modalidad de actuaciones previas, sin que se hayan ordenado imputaciones ni medidas de coerción.

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Fuente: El Federalista

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